Desde la asunción de Donald Trump en la Casa Blanca, la relación seguridad entre México y Estados Unidos ha atravesado una fase de creciente fricción. El punto de inflexión se sitúa en la conversación telefónica del 16 de septiembre entre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente estadounidense, un diálogo que permaneció bajo reserva hasta que el medio Politico lo dio a conocer. Lo que inicialmente se presentó como una discusión sobre el acuerdo comercial pronto reveló demandas más agresivas por parte de Washington, poniendo en jaque la ya delicada cooperación bilateral.
Llamada secreta y su contexto político
El día siguiente al anuncio de Julieta Ramírez como precandidata a la gubernatura de Baja California, se hizo pública la existencia de un proffer firmado entre Ramírez y el Departamento de Justicia de EE. UU. La presidenta mexicana, quien había alardeado de estrechos lazos con Trump, sostuvo que la conversación se limitó a la negociación del tratado comercial. Sin embargo, según los registros, Trump solicitó la cesión de activos de Pemex como contrapartida, una petición que Sheinbaum rechazó categóricamente. Además, el mandatario estadounidense criticó la falta de avances contra los narcopolíticos lo que irritó profundamente a la mandataria mexicana.
Reacciones estadounidenses: denuncias y medidas de presión
Tras la llamada, la Casa Blanca intensificó su discurso. Sara Carter, responsable de la política antidrogas, anunció una ofensiva contra gobernadores vinculados al crimen organizado, convirtiéndose en la primera voz oficial en señalar objetivos concretos en México. El Wall Street Journal difundió que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, recibió críticas por supuesta colaboración con EE. UU., recordando un episodio similar del año anterior sobre la investigación a los hermanos Farías Laguna. En paralelo, el Pentágono recibió la orden de derribar cualquier dron que cruzara la frontera, usando técnicas aprendidas de la guerra en Ucrania. Estas acciones se acompañaron de una declaración de Trump, quien afirmó que el gobierno de Sheinbaum carece de capacidad para enfrentar a los cárteles y que ya se han iniciado operaciones terrestres contra el crimen organizado.
Investigaciones y repercusiones internas
El último fin de semana la Fiscalía General de la República abrió una carpeta contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por presunta traición al autorizar una operación con cuatro agentes de la CIA. El mensaje implícito parece ser que cualquier colaboración con EE. UU. será duramente castigada. En el plano político, Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, calificó a los cárteles mexicanos de “terroristas”, siguiendo la línea de Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Estas etiquetas internacionales añaden presión sobre la administración de Sheinbaum, que ya enfrenta críticas por la designación de precandidatos de Morena cuya situación legal es incierta.
Implicaciones para México y perspectivas de futuro
Los servicios de inteligencia estadounidenses perciben que la cooperación en materia de seguridad se ha estancado por decisión de Sheinbaum, quien habría pedido a García Harfuch investigar a todos los aspirantes a cargos estatales para evitar que personas bajo investigación participen. No obstante, varias designaciones de Morena incumplieron ese requisito, lo que ha sido interpretado como un retroceso. Por otro lado, el exsubsecretario de Agricultura, Manuel Cota, a pesar de su salida, sigue activo en la estrategia política para Chihuahua, evidenciando la complejidad de los equilibrios internos. En conjunto, la combinación de acusaciones externas, investigaciones internas y decisiones de candidatura sugiere que la colaboración bilateral podría entrar en una fase de renegociación, donde México buscará preservar su soberanía sin perder el apoyo logístico de Estados Unidos contra los cárteles.
