En un movimiento sin precedentes, aficionados al fútbol mexicano han decidido tomar medidas legales contra la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) de eliminar el ascenso y descenso entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX. Este paso legal, liderado por el abogado Miguel Darío del Real Campos de Del Real & Asociados busca revisar la constitucionalidad de esta medida en los tribunales mexicanos.

La controversia surgió tras la publicación del Reglamento de Competencia 2026-2027 por parte de la FMF, el pasado 15 de julio, que establece que a partir de la temporada 2026-2027, los clubes de la Liga MX no descenderán a la Liga de Expansión MX, y viceversa. Esta decisión ha generado un fuerte debate entre los aficionados y los clubes afectados.

El origen de la acción legal

La iniciativa de presentar un juicio de amparo no surgió de los clubes de la Liga de Expansión, sino de los propios aficionados. Tras la publicación del reglamento, muchos seguidores del fútbol mexicano comenzaron a etiquetar a Del Real & Asociados en redes sociales, pidiendo una revisión jurídica de la medida. Esto llevó al despacho legal a presentar amparos colectivos en 15 estados del país, incluyendo Oaxaca, Chiapas, Cancún, Tlaxcala, Puebla, Durango, Cuernavaca, Guadalajara, La Paz, Ciudad de México, Zacatecas, Tamaulipas, Morelia, Aguascalientes y León.

El abogado Miguel Darío del Real Campos explicó que el ascenso representa competencia, oportunidades, empleos, inversión e identidad para muchas ciudades del país. “Buscamos que el mérito ganado en la cancha no desaparezca por una decisión de escritorio y que toda determinación con efectos deportivos, económicos y sociales respete la Constitución”, afirmó.

Los argumentos legales

El juicio de amparo se basa en la premisa de que la eliminación del ascenso y descenso podría contravenir derechos y principios constitucionales, como la libertad de trabajo y de comercio (artículo 5), la prohibición de prácticas monopólicas (artículo 28) e incluso el derecho al deporte, la cultura y el desarrollo regional (artículos 4 y 73).

Sin embargo, el camino legal no es sencillo. La FMF argumenta que es una asociación civil privada regida por los estatutos de organismos internacionales como la FIFA y la Concacaf lo que podría llevar a los jueces de distrito a desechar el amparo bajo el argumento de que las reglas de un deporte profesional privado no constituyen actos de autoridad gubernamental que vulneren derechos humanos.

El proceso legal y sus implicaciones

El juicio de amparo es el medio de control constitucional más importante del sistema jurídico mexicano, diseñado para proteger a las personas contra actos, leyes u omisiones de autoridades gubernamentales. En este caso, los aficionados buscan que un juez federal mexicano revise una decisión de la FMF desde fuera de su sistema de justicia deportiva.

El despacho legal de Del Real & Asociados ha presentado cuatro modelos de amparo: para aficionados y grupos de animación, padres de menores que juegan en fuerzas básicas de equipos afectados, trabajadores de clubes y socios comerciales. Los primeros que se presentarán son los de aficionados, contra la disposición del Reglamento de Competencia 2026-27 de la Liga de Expansión.

El abogado Del Real mencionó que la simple aceptación del amparo ya sería un precedente histórico. “Es la primera vez que vamos a solicitar, o que se solicita por parte de ciudadanos, que se involucren tribunales federales en lugar del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)“, dijo a Sports Illustrated México.

El proceso legal podría escalar hasta la Suprema Corte por tratarse de un asunto sin precedente similar. Sin embargo, incluso si se acepta el amparo, no se espera que un juez ordene de manera automática el regreso del ascenso. Primero tendría que revisar si la regla es constitucional y si el daño que provoca se justifica, un examen de proporcionalidad.

Si se concluye que la regla es inconstitucional, la sentencia obligaría a la Federación a dejarla sin efecto y a emitir otra con los parámetros que fije el tribunal. Los aficionados que iniciaron esta acción legal tendrán que esperar a que un juzgado decida si los escucha, una decisión que, de por sí, ya sería un triunfo.