La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado un paso decisivo al ordenar el cierre de academias militarizadas en México, marcando un hito en la protección de los derechos de los menores. Esta medida surge tras una serie de incidentes trágicos, como el asesinato de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, en una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, el pasado 16 de julio.

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, ha dejado claro que la Constitución y la Ley General de Educación no contemplan la educación bajo modalidades militares. Flores Pacheco enfatizó que está absolutamente prohibido operar escuelas con estas denominaciones, subrayando la necesidad de proteger los derechos de los niños y adolescentes.

La falta de sustento legal de las academias militarizadas

La clausura de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ) en Puebla es la primera acción concreta desde que la SEP, encabezada por Mario Delgado Carrillo, solicitó a los gobiernos estatales supervisar las instituciones de educación básica para verificar la ausencia de planteles con corte militarizado. Esta medida es parte de la respuesta oficial ante la tragedia ocurrida en Tamaulipas.

La SEP ha puntualizado que la educación militar está reservada exclusivamente para la formación de integrantes de las fuerzas armadas y no es una modalidad prevista para la educación básica ni media superior. Además, ha remarcado que estas prácticas constituyen una violación flagrante e inaceptable de los derechos humanos y del principio del interés superior de la niñez contradiciendo los planes de estudio de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

La respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha precisado que carece de facultades para autorizar, inspeccionar o supervisar escuelas particulares que se anuncian como militarizadas. Por lo tanto, la revisión de los permisos educativos corresponde a las autoridades civiles. Esta aclaración refuerza la posición de la SEP de que las academias militarizadas operan fuera del marco legal.

El impacto en las familias y la necesidad de justicia

Es crucial entender que el modelo de educación militarizada constituye una parodia de la vida castrense que normaliza la crueldad y el abuso en nombre de la disciplina. En muchos casos, como el de Dafne, quienes pretenden inculcar la ética de las fuerzas armadas carecen de los conocimientos y la preparación necesarios. Ante el inminente cierre de estos centros, los padres de familia deben comprender que la violencia hacia niños y adolescentes no solo es una estrategia pedagógica anacrónica y nociva, sino que también es un delito.

Además, este modelo educativo ha cobrado varias vidas, como las de Zamir Pinto, de 16 años, asesinado a golpes en 2026, y Erick Terán, de 13 años, muerto de la misma manera en 2026. Más allá de la necesidad de justicia en estos casos, es urgente extender la medida aplicada a la AMIZ a todos los planteles de esta clase y convertirla en clausura definitiva, dado que se trata de establecimientos contrarios al marco jurídico vigente.

El gobierno de Zacatecas también debe clausurar su Bachillerato General Militarizado, la única institución pública de este tipo en el país, operada conjuntamente por la Secretaría de Educación local y la comandancia de la 11 Zona Militar.