El martes de la semana pasada la Secretaría de Gobernación albergó una reunión cerrada con los rostros mediáticos de Morena. El objetivo era trazar una respuesta coordinada ante una crisis que se había encendido por la supuesta corrupción de Guadalupe Taddei dentro del Instituto Nacional Electoral (INE). La convocatoria incluyó a los voceros habituales, a quienes se les pidió no sólo distanciarse de Taddei, sino también moldear la percepción pública para que el electorado no vinculara al organismo autónomo con el gobierno.
Revelación de los videos y la reunión estratégica en la Secretaría de Gobernación
Un día antes de la cumbre, Latinus publicó el video más impactante relacionado con la trama: Guadalupe Taddei y su contratista predilecto, José Alfredo Hernández Casillas, discutiendo en voz alta los millones que cada uno recibiría por los contratos adjudicados, mientras el contratista murmuraba “Primero lo mío y luego lo tuyo”. En otra grabación, el hijo de Taddei aparecía brindando con champán en una suite del Hotel Le Maurice, cuyo costo supera los 200 mil pesos por noche, bajo el título “París a tus pies, chamaquito”. Ambas imágenes generaron una indignación inmediata entre la base morenista, que vio en el episodio la confirmación de que “el INE es parte del gobierno”.
Estrategia de narrativa impuesta por Morena
Durante la sesión de la Secretaría, se acordó trasladar la culpa a los históricos directores del instituto, entre ellos Lorenzo Córdova y anteriores presidentes del INE/IFE, argumentando que los contratistas operan desde hace tres décadas y que la aparición de Taddei es fruto de la “suerte de una tómbola”. En la madrugada del 5 de noviembre, dos días después del encuentro, los diputados federales de Morena recibieron en sus dispositivos móviles un mensaje con los ejes estratégicos narrativos diseñados por la vocería del partido, encabezada por Arturo Ávila y el exrepresentante ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna. Los lineamientos coincidían con los testimonios de los presentes en la reunión y buscaban, sobre todo, enfocar la crítica en el contratista y sus colaboradores, descartando cualquier sanción directa contra Taddei.
Investigación oficial y posibles consecuencias para los involucrados
Ante la presión institucional, Lorenzo Córdova aceptó la petición de rendición de cuentas formulada por Morena respecto a los presuntos contratos a modo que sumarían 2,461 millones de pesos. En una rueda de prensa, el exconsejero advirtió que, de haber morenistas implicados, no deberían estar bajo un “manto de impunidad”. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la denominación de “mafia electoral” para describir el entramado que, según ella, ha operado durante 27 años bajo la sombra de instituciones electorales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciaron ya una pesquisa que cubre un periodo de 2014 a 2025. Según la infografía difundida por el partido, cinco empresas fueron utilizadas para simular competencia y repartir los recursos: Cajas Graf con 1,072 millones de pesos, Formas Finas y Materiales con 815.9 millones, Corporativo ZEG con 278.7 millones, Comercializadora JVLY con 208.3 millones y Seriplast de México con 85.1 millones. Se registraron 18 expedientes del Órgano Interno de Control y cinco funcionarios fueron imputados por faltas graves.
Durante la mañanera del 5 de noviembre, la secretaria del Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, señaló que los montos publicados provienen de fuentes abiertas y de la plataforma de Transparencia, pero advirtió que el daño real al erario podría incrementarse una vez concluyan las auditorías aún no públicas. Por su parte, la mandataria federal cuestionó a Córdova por no haber actuado antes, recordándole que, como nombrado de los consejeros, tenía la capacidad de evitar el duopolio de los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas. Finalmente, la consejera presidenta del INE, Blanca Yassahara Cruz García, anunció que las diez consejerías están de acuerdo en presentar una denuncia formal contra Guadalupe Taddei ante la Fiscalía General de la República.
En conjunto, la estrategia de Morena para contener la crisis combina una narrativa dirigida a desviar la culpa, la presión sobre antiguos dirigentes del INE y la activación de investigaciones oficiales que podrían derivar en procesos penales contra los protagonistas de la red de contratos. La pregunta que permanece en el aire es si la maniobra comunicacional logrará contener el daño reputacional o, por el contrario, avivará una nueva ola de exigencias ciudadanas por mayor transparencia en el organismo electoral.
