En un contexto en que la vivienda es reclamado como un derecho fundamental, el país vive una oleada de protestas que ponen en jaque al actual ejecutivo. El presidente Pedro Sánchez había impulsado dos decretos destinados a aliviar la crisis de alquiler, pero la bancada de la derecha logró su caída en el Congreso, encendiendo la indignación popular.
El caso de Maricarmen Abascal, una anciana desalojada en Madrid
Maricarmen Abascal, de 87 años, había habitado durante 71 años el mismo apartamento, pagando puntualmente sus rentas controladas. Un fondo buitre adquirió el edificio, expulsó a los inquilinos y los volvió a ofrecer con precios desorbitados. La anciana fue desalojada sin alternativa, convirtiéndose en el rostro simbólico de los más de un millón de desahucios que se registran desde la crisis de 2008. La falta de intervención judicial o política generó una movilización masiva que logró revertir, al menos temporalmente, la injusticia.
Operativo policial en Santa María de Guía, Gran Canaria
El 30 de junio, en la localidad canaria de Santa María de Guía, más de 20 coches policiales y 53 agentes de la Guardia Civil rodearon la finca conocida como “Mister Leacock”, propiedad del grupo empresarial Félix Santiago Melián. Familias con menores, sin ninguna alternativa habitacional, fueron desalojadas mientras una retroexcavadora derribaba sus viviendas, bajo la vigilancia de Cruz Roja, ambulancias y bomberos. La prensa fue apartada del escenario; los periodistas fueron ubicados a distancia para impedir la cobertura de los hechos.
Este operativo, que afectó a decenas de personas, ilustra la colusión entre intereses empresariales y la ausencia de pronunciamiento político, similar al caso madrileño. La rapidez con la que se ejecutó la demolición, la presencia de una fuerza policial tan numerosa y la falta de asistencia social recalcan la gravedad del fenómeno.
Paralelismos y reflexiones
Ambas situaciones refuerzan la idea de que los desahucios no son episodios aislados, sino manifestaciones de un modelo que privilegia los beneficios de unos pocos sobre el derecho básico de muchos. Mientras la historia de Maricarmen movilizó a la opinión pública nacional, el acontecimiento en Gran Canaria pasó casi desapercibido fuera del territorio, pese a su magnitud. Este contraste pone en relieve la diferencia de cobertura mediática y la capacidad organizativa de colectivos como el Sindicato de Inquilinas de Madrid frente a los movimientos locales canarios.
En última instancia, la conjunción de ambos hechos obliga a cuestionar las políticas habitacionales y la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez frente a una ciudadanía que sigue viviendo bajo la amenaza del desalojo. La presión social ya ha demostrado su fuerza; ahora depende de las autoridades transformar esa energía en medidas concretas que garanticen el acceso a una vivienda digna para todos.
