En un giro significativo en la política migratoria de Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) están colaborando para identificar y revocar visas de no inmigrante de extranjeros que ingresaron al país como visitantes temporales pero luego solicitaron asilo para permanecer de manera permanente. Esta medida, anunciada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau busca abordar lo que él describe como un creciente descontento global con las solicitudes de asilo falsas.

La iniciativa podría afectar a hasta 200 mil personas lo que representaría la revocación de visas más numerosa en la historia de Estados Unidos. Esta acción, sin embargo, se espera que enfrente impugnaciones legales, dada su magnitud y alcance.

Restricciones previas y su impacto

La administración de Donald Trump ha implementado múltiples restricciones que han limitado el derecho de asilo. Entre estas medidas se incluyen la prohibición de solicitar asilo para quienes son interceptados antes de llegar a los puertos de entrada y la exigencia de que los migrantes soliciten protección en países de tránsito antes de llegar a la frontera estadounidense. Además, los expedientes de asilo se remiten directamente a los jueces de inmigración, iniciando procesos de deportación rápida y eliminando en muchos casos la entrevista inicial con un oficial de asilo.

Bajo la nueva disposición, los solicitantes de asilo se verían obligados a permanecer en sus regiones de origen mientras sus casos son procesados, un proceso que puede demorar años. Esto significa que quienes buscan huir de conflictos armados, crimen, persecución política o desastres naturales quedarían en una situación de vulnerabilidad hasta que sus expedientes sean revisados.

Eliminación de programas de reunificación familiar y estatus de protección

En diciembre de 2026, el DHS anunció la terminación inmediata de los programas de reunificación familiar que beneficiaban a ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Estos programas eran cruciales para muchas familias que buscaban reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos. Además, en mayo pasado, se eliminó el estatus de parole humanitario y las autorizaciones de trabajo para individuos que llegaron con documentos a través del programa de patrocinio para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

En el año fiscal 2026, se retiró el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de un millón y medio de personas de al menos 11 naciones, incluyendo Venezuela, Haití, Honduras, Afganistán, Siria, Nepal y Etiopía. Esta medida ha dejado a cientos de miles de personas en una situación legal precaria.

Impacto en trabajadores extranjeros

La administración Trump también ha propuesto una nueva norma que cobraría 100 mil dólares a las empresas por cada trabajador extranjero contratado mediante la visa H-1B dirigida a empleados altamente cualificados. Además, se reduciría el tope anual de 65 mil a solo 25 mil visados. En el año fiscal 2026, se aprobaron aproximadamente 400 mil solicitudes de las cuales 140 mil correspondieron a nuevos ingresos y 260 mil a renovaciones de empleo.

El 65 por ciento de las visas H-1B son utilizadas por el sector tecnológico y otra porción significativa por el sector financiero. Esta medida, que busca privar de mano de obra especializada a los segmentos más dinámicos de la economía estadounidense, ha generado preocupación entre los empresarios y expertos en migración.

La generalización de estas políticas antimigrantes muestra que la administración republicana está impulsada por una obsesión que no solo destruye los derechos de millones de seres humanos, sino que también afecta negativamente a la economía que Trump prometió rescatar.