En el corazón de la industria petrolera mexicana, una polémica ha surgido alrededor de un contrato que parece no tener fin. La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la dirección de Ernestina Godoy ha iniciado una investigación sobre un contrato millonario entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa OPP Servicios Petroleros. Este contrato, número 641009826 fue adjudicado en 2019 y, aunque debía concluir en 2026 se ha extendido hasta julio de este año.
Lo más alarmante es que, a pesar de que el contrato para realizar Trabajos de operaciones convencionales con equipo de tubería flexible en pozos petroleros de PEP ha finalizado, la empresa OPP Servicios Petroleros continúa operando en varias instalaciones sin un documento que respalde su presencia. Estas instalaciones incluyen Cabezal Quesqui 40Cabezal Quesqui 1DLCabezal Quesqui 2DL y Pozo Quesqui 6A.
Funcionarios bajo la lupa
La denuncia, que ya está en manos de María de la Luz Mijangos Borja titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR, no puede ignorar la participación de varios funcionarios públicos. Entre ellos se encuentran Ángel Cid Munguía exdirector de PEP y actual asesor de la Dirección General, y Jorge Alberto Arévalo Villagrán titular de la Unidad Técnica de Extracción de Hidrocarburos. Ambos son investigados por su papel en la contratación, modificación, administración, ejecución y eventual continuidad de los trabajos vinculados al contrato número 641009826.
Mientras tanto, Juan Carlos Fragoso director de Pemex, parece tener sus manos llenas con otros desafíos, como la estrategia de fracking y la dificultad para aumentar los indicadores operativos de la petrolera nacional. Sin embargo, el contrato con OPP Servicios Petroleros se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza, especialmente ahora que el asunto ha escalado a la Fiscalía.
Un contrato sin sustento legal
Una de las mayores incógnitas es cómo este contrato sigue activo sin una orden o sustento legal. Las obras continúan vigentes, generando adeudos que ya superan los 10 millones de dólares según fuentes internas de Pemex. Este escenario plantea serias preguntas sobre la transparencia y la legalidad de las operaciones en curso.
El Campo Quesqui es una de las apuestas más importantes de Pemex para recuperar terreno en la producción nacional de gas. Este esfuerzo es crucial para reducir la dependencia de gas importado de Estados Unidos conforme a los objetivos de la política energética del gobierno de la presidenta Claudia Shienbaum. Sin embargo, la cuestionable administración de este activo se está convirtiendo en una de sus principales debilidades.
La investigación en curso
La investigación de la FGR es un paso crucial para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, la Unidad de Control Interno de Pemex ha realizado su propia investigación, pero el asunto ahora debe ser revisado por las autoridades competentes. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la confianza en la industria petrolera mexicana.
En un contexto donde la industria petrolera enfrenta numerosos desafíos, este caso subraya la importancia de una gestión transparente y eficiente. La comunidad espera con interés los resultados de la investigación y las medidas que se tomarán para garantizar que incidentes como este no se repitan en el futuro.
