En un movimiento estratégico que podría redefinir la lucha contra el narcotráfico en América Latina, Estados Unidos está impulsando una alianza militar más robusta con varios países de la región. Esta iniciativa, que incluye la posibilidad de operaciones conjuntas en territorio latinoamericano, busca fortalecer la Coalición de las Américas contra los Cárteles y el Escudo de las Américas una iniciativa promovida por el presidente Donald Trump.
La reciente reunión de la coalición en Panamá donde el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth anunció la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas marca un hito en la estrategia regional de Washington. Con esta adhesión, el bloque ahora cuenta con 19 países comprometidos en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.
De la cooperación política a las operaciones militares
La estrategia de Estados Unidos no se limita al intercambio de información y la capacitación, sino que avanza hacia operaciones militares coordinadas. Hegseth destacó la participación de países como MéxicoEcuadorColombia y República Dominicana subrayando la importancia de una red regional de cooperación.
Sin embargo, esta iniciativa enfrenta cuestionamientos jurídicos. Hegseth instó a los países latinoamericanos a abandonar la Corte Penal Internacional argumentando que las operaciones estadounidenses contra presuntos narcotraficantes son legales conforme al derecho internacional humanitario. Estas declaraciones han generado dudas sobre la legalidad de los ataques mortales contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.
La ofensiva contra los cárteles mexicanos
La administración Trump también ha puesto su mira en las organizaciones criminales mexicanas. El embajador de Estados Unidos en MéxicoRonald Johnson afirmó que el alcance internacional del Cártel Nueva Generación representa una vulnerabilidad para esta organización. Sus declaraciones se produjeron después de que autoridades estadounidenses acusaran de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas a cuatro presuntos integrantes del grupo, detenidos en República Checa.
Johnson advirtió: “Donde quiera que operen, los perseguiremos“. Estados Unidos también ofreció recompensas por más de 100 millones de dólares por información que permita capturar a varios líderes del cártel mencionado.
La Cumbre del Escudo de las Américas en Panamá
Este 11 y 12 de agostoPanamá se convirtió en el epicentro de una nueva arquitectura de seguridad regional impulsada por Estados Unidos. La Cumbre del Foro de la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C) reunió a cerca de una veintena de países, incluido Chile con el objetivo de transformar una alianza política en un mecanismo operativo contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
El comando sur del ejército norteamericano (SOUTHCOM) activó la semana pasada el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental integrado por 19 países y concebido como el componente militar operacional de esta estructura. Participan de la instancia ChileArgentinaBoliviaEcuadorPerú y otros gobiernos cercanos a Washington.
La presencia en Panamá del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth refuerza esta lectura. Su agenda incluyó reuniones con el presidente panameño José Raúl Mulino contactos con representantes colombianos, una visita a militares estadounidenses y la observación de PANAMAX 2026 ejercicios militares donde unos 1.700 efectivos de las 19 naciones practican coordinación multinacional en torno al Canal de Panamá.
El general Francis Donovan jefe del Southcom describió esta fuerza como el “brazo ejecutor” frente a las amenazas hemisféricas. En términos prácticos, podría coordinar inteligencia, vigilancia, reconocimiento, seguimiento marítimo y aéreo, intercambio de información, planificación multinacional, interdicciones y operaciones contra las redes logísticas de las organizaciones criminales.
Cooperación o cesión de soberanía
La creación de un centro de coordinación es relativamente sencilla, pero la implementación de una fuerza multinacional capaz de realizar operaciones dentro de diferentes países es mucho más compleja. Surgen preguntas cruciales: ¿quién interviene y autoriza las operaciones?, ¿pueden entrar militares estadounidenses o exclusivamente el país afectado?, ¿qué estándares definen que una persona pertenece a un cartel?, ¿qué ocurre si Estados Unidos designa como terrorista a una organización que otro país considera solamente criminal?
Hasta ahora, no hay evidencia de que esta cumbre esté negociando un nuevo tratado multilateral o un paquete de modificaciones legales capaz de responder estas preguntas. La soberanía probablemente sea el principal interrogante que Panamá deja abierto.
La estrategia estadounidense parece privilegiar la dimensión territorial, militar y externa. Sin embargo, expertos señalan que una estrategia regional integral debería observar toda la cadena del negocio: producción, tránsito, consumo, armas, lavado de dinero, sistema financiero, corrupción, reclutamiento y capacidades institucionales.
La ausencia de México y Brasil en esta estructura hace difícil presentar esta iniciativa como una respuesta diseñada exclusivamente desde la eficacia contra el narcotráfico. México es central en las rutas del fentanilo hacia Estados Unidos y alberga varias de las organizaciones criminales que Washington coloca en el centro de su estrategia. Brasil por su parte, es la mayor potencia latinoamericana y enfrenta estructuras con importantes ramificaciones transnacionales.
Una amenaza compartida permite justificar mayor interoperabilidad militar, inteligencia compartida, presencia estadounidense y eventualmente mayor alineamiento estratégico.
