Colombia se encuentra en un momento crucial en 2026. Con un nuevo presidente en el poder, el país busca enfrentar los crecientes desafíos de seguridad y las tensiones políticas que han marcado los últimos años. La violencia armada y la delincuencia organizada siguen siendo problemas graves, mientras que las relaciones internacionales y los acuerdos de paz están en juego.

El nuevo mandatario, conocido como “El Tigre”, ha prometido una estrategia contundente para combatir el crimen organizado y recuperar el control territorial. Sin embargo, los analistas advierten sobre los obstáculos que deberá superar para lograr sus objetivos.

La situación de seguridad en Colombia

La violencia armada ha aumentado significativamente en Colombia en los últimos meses. Según datos de Indepaz desde enero de 2026 se han registrado 78 masacres con 303 víctimas la cifra más alta para este periodo desde 2016. Este aumento en la violencia se produce en un contexto de fragmentación de los grupos armados y criminales, que buscan consolidar su control territorial.

Un ejemplo reciente de esta violencia fue el ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el pasado sábado, cuando una bomba explotó junto a una estación policial en el noroeste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, dejando 14 heridos.

Además, las estadísticas del Ministerio de Justicia y del Derecho muestran un aumento en la tasa de homicidios, que pasó de 21.1 por cada 100,000 personas en 2026 a 25.4 en 2026 y 25.9 en 2026. Sin embargo, otros delitos como la extorsión han mostrado un crecimiento más pronunciado, pasando de 19 denuncias por cada 100,000 habitantes en 2026 a 26.2 en 2026 aunque con una disminución en 2026.

La extorsión como herramienta de control territorial

La extorsión se ha convertido en una herramienta clave para los grupos criminales en su búsqueda de controlar territorios. Según Glaeldys González analista del Crisis Group para los Andes del Sur, el crecimiento de la violencia está estrechamente ligado a la fragmentación de estos grupos. Luis Felipe Vega profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana coincide en que el control del territorio, el narcotráfico y la minería ilegal son los objetivos principales de estos grupos.

Vega explica que los grupos delincuenciales ejercen su poder a través de la intimidación y alianzas con gobiernos locales. Esta dinámica ha modificado el panorama del crimen en Colombia durante el gobierno de Petro y las negociaciones de la paz total.

Un giro político y las relaciones con Estados Unidos

El nuevo gobierno de De la Espriella marca un giro político en Colombia tras cuatro años de izquierda en el poder. El presidente electo, quien se identifica como “republicano”, ha prometido una estrategia contundente contra el narcotráfico, con el apoyo de Estados Unidos e Israel. Su plan incluye bombardeos, erradicación de cultivos con herbicidas y la presencia de bases militares estadounidenses en el país.

De la Espriella ha bautizado su iniciativa como “Plan Colombia II“, en referencia a la millonaria cooperación de Washington con Bogotá a principios de siglo. “No habrá zonas vedadas para el Estado, no habrá criminales impunes e intocables. No habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley”, advirtió en su primer discurso como mandatario electo.

Sin embargo, analistas como González señalan que esta política tiene serias limitaciones. A diferencia del primer Plan Colombia los grupos criminales están más fragmentados e integrados con las comunidades, lo que dificulta un combate frontal sin víctimas civiles. Además, las Fuerzas Armadas ya no tienen el control del espacio aéreo, y los grupos armados cuentan con tecnología como drones.

Por otro lado, Vega tiene una visión más optimista, creyendo que el mayor presupuesto al ejército y la cooperación con agencias de seguridad estadounidenses e israelíes permitirán un combate más efectivo del crimen organizado.

Los acuerdos de paz en riesgo

Los acuerdos de paz firmados en 2016 con las FARC están en riesgo bajo el nuevo gobierno. De la Espriella ha sido crítico de estos acuerdos desde hace mucho tiempo, reprochando que no se respetó el resultado del plebiscito de 2016. El presidente electo ha anunciado su intención de desmontar la Jurisdicción Especial para la Paz el tribunal de justicia transicional encargado de investigar y juzgar los crímenes más graves del conflicto armado.

González y Vega coinciden en que, aunque De la Espriella ha mostrado disposición a acatar las normas constitucionales que ordenan la implementación de los acuerdos hasta por lo menos 2030, el nuevo presidente debería acelerar su implementación para combatir las causas estructurales de la violencia en Colombia.